Detectan nuevas anomalías en caso Sitibus


Juan Carlos MEDRANO

Conforme avanza la investigación del proyecto “Sitibus”, se descubren más anomalías e irregularidades en la obra. Ahora las autoridades responsables de llevar a cabo la auditoría descubrieron el pago de 13 millones de pesos a una empresa “fantasma” quien presuntamente se encargó de supervisar que las obras se llevarán a cabo y fueran concluidas.

Asimismo, que los planos presentados la Secretaría de Administración, fueron elaborados sin apegarse a determinadas condiciones y características y no se presentaron documentos que acreditaran permisos y licencias para ejecutar las obras.

De acuerdo al expediente al cual Tiempo tuvo acceso, las nuevas anomalías detectadas se ubicaron en las obras y en el equipamiento, además del pago a una empresa que constituyó únicamente para “supervisar” que las obras se ejecutaran y se concluyeran en el tiempo establecido, lo cual no ocurrió.

Pese a ello, la empresa cobró 13 millones de pesos en dos exhibiciones: la primera fue por 5 millones de pesos en el año 2014 cuando las obras aún no iniciaban y un segundo pago por 8 millones de pesos corresponde al año 2016, período en el que supuestamente deberían estar concluidos los trabajos, pero tampoco ocurrió.

Sin embargo, dicha compañía “validó” las obras como realizadas y concluidas.

Detalla que dicha compañía de la cual no revela la razón social, estaba encargada de verificar que las obras se estuvieran ejecutando en tiempo y forma, lo cual fue avalado por dicha compañía. Sin embargo, pese a que los trabajos del Sitibus presentaron retrasos considerables, la empresa avaló que estos se efectuaron conforme al primer contrato establecido, contrato que fue modificado en diversas ocasiones.

Asimismo, la empresa validó la terminación de las obras del Sitibus, pero hasta la fecha muchos de los parabuses no se han terminado e incluso algunos fueron prácticamente abandonados.

El informe abunda que otro rubro donde se encontraron nuevas anomalías es en el rubro de la obra.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran que: “Los planos presentados por la Secretaría de Administración a cargo de Alberto Vargas Varela, fueron elaborados sin apegarse a las condiciones y características establecidas en el estudio “Análisis-Costo-Beneficio”, no se presentaron documentos que acrediten los permisos y licencias”.

Además “la ejecutora adjudica la obra a la empresa GAMI, INGENIERÍA E INSTALACIONES S.A DE C.V. sin que esta cumpliera con toda la documentación solicitada en la convocatoria, bases de licitación y términos de referencia, siendo causal de descalificación (copia de la cédula certificada del superintendente; listado de bancos de materiales con sus cantidades de extracción, ubicación, capa a utilizarse; y carta compromiso original de la planta concretera)”.

Otra anomalía es que “La Secretaría de Administración a través de sus servidores públicos celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. COPOI-SA-DA-AD-01/2016, sin contar con facultades para contratar y ejecutar obra”.

Además “se celebró un convenio de ampliación por monto por un importe de 42 millones 282 mil 207 pesos sin incluir el IVA, con motivo de las obras inducidas, toda vez que estos trabajos se encuentran dentro de los alcances contratados.

Y “se realizaron modificaciones al proyecto originalmente contratado sin realizar y formalizar los estudios y documentos donde se determine la factibilidad técnica, económica, ecológica y social, que garantice que las modificaciones realizadas no afecten el objeto del proyecto”.

Con relación al equipamiento el estudio destaca que entre las irregularidades detectadas se encuentran que “La Secretaría de Administración no vigiló los procesos de obra pública para garantizar que los recursos se administraran con economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que asegurara las mejores condiciones para el estado”.

Expone que el proceso de contratación no cumplió con la normatividad aplicable, al no tener una evaluación y fallo objetiva, además la entrega de los vehículos no se realizó conforme a lo establecido en las condiciones pactadas en el contrato.