Buscan diputados de Morena prohibir pago de gastos médicos con costo al erario

Juan Carlos MEDRANO

Un ahorro al gasto corriente de entre mil a mil 500 millones de pesos prevé lograr la fracción parlamentaria del partido Morena en la LXIV Legislatura local, una vez que se apruebe su propuesta de ley de austeridad, pues pretende reducir salarios y prestaciones de los servidores públicos de alto nivel en los 3 Poderes del Estado y los Órganos Autónomos Constitucionales, prohibir la contratación con cargo a los recursos públicos de seguros privados de gastos médicos, de vida o separación individualizada, pues considera que los servidores públicos del gobierno de Oaxaca debe recibir atención médica en los sistemas públicos de seguridad social.

Además, regular la publicidad oficial pagando lo mínimo que se pueda.

De acuerdo al documento, suscrito por los 26 diputados de la fracción, la norma tiene por objeto establecer y regular la aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, racionalidad y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público, así́ como en las remuneraciones que perciben los servidores públicos del Estado conforme a lo establecido en el artículo 137 y 138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca.

La iniciativa se integra de diez capítulos, 32 artículos firmes y 3 artículos transitorios. Los capítulos se intitulan I De las disposiciones generales; II De las remuneraciones; III De los servicios de seguridad social; IV De los servicios de seguridad personal; V De los vehículos de uso oficial; VI De la publicidad y comunicación oficiales; VII Del traslado, hospedaje y alimentación; VIII De los servicios personales; IX De los bienes, y X De las restricciones, infracciones y sanciones, en cuyo articulado respectivo se regulan elementos principales.

Entre estos se ubican 1. La aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación y ejecución del gasto gubernamental, ajustándose a objetivos y metas de desarrollo estatal.

Asimismo, la reducción de salarios y prestaciones de los servidores públicos de alto nivel en los Poderes del Estado y los Órganos Autónomos Constitucionales, la prohibición de contratar con cargo a los recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación individualizada. Los servidores públicos deberán recibir atención médica en los sistemas públicos de seguridad social.

Queda prohibido conceder privilegios de jubilación, pensiones discrecionales o haberes de retiro, además no estarán permitidos los gastos por escolta personal, salvo para los servidores públicos encargados de la seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Detalla que también quedará regulado el uso de vehículos oficiales el cual será́ exclusivamente con fines de utilidad pública y en las adquisiciones se optará por vehículos utilitarios, austeros y funcionales.

Otro rubro que buscan regular es el relacionado con la publicidad oficial donde las restricciones al gasto en publicidad oficial, disminuyen al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y también se limitan los gastos en materia de traslado, hospedaje y alimentación, siendo deber de los servidores públicos presentar un informe pormenorizado de actividades de representación y gastos comprobables.

Se restringen los montos erogados por servicios de telefonía, fotocopiado, energía

eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación,

mobiliario, remodelación de oficinas y equipo de telecomunicaciones.

Destaca que los ahorros y economías obtenidos serán destinados a programas prioritarios de atención a la población y programas sociales.

Aseguran que el compromiso de es establecer como principios de un buen gobierno, la austeridad, la racionalidad y el uso justo y equitativo de los recursos del pueblo de Oaxaca y la nación, con la finalidad de eliminar los privilegios y los vicios administrativos que, durante décadas, han sido otorgados a la clase política que ocupa cargos de alto nivel en el servicio público, y desactivar las estructuras basadas en el derroche; así́ como la estructura de cooptación y soborno que han favorecido el incremento de la impunidad y la corrupción.